¿De qué sirvió Ana Orantes?

Nota previa: esta entrada lleva casi dos años en borradores y no la había publicado por miedo a ser malinterpretado. Pero al fin y al cabo solo somos responsables de lo que escribimos, no de las interpretaciones que de ello se haga. Aún así, mi intención principal era criticar el tratamiento periodístico de este tipo de noticias y la poca información real, jurídica y útil que aportan.

Un juez permite a un maltratador vivir con su mujer dado su deterioro psíquico

   No voy a ser yo quien defienda este tipo de decisiones pero:

  1. No es una decisión de un juez sino de un tribunal;
  2. Se absuelve del delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento. Si está bien redactado supone que se quebrantó una medida cautelar y no una pena y la jurisprudencia del supremo es justo la contraria a la que menciona en el artículo: prevalece la voluntad de la víctima si quiere renunciar a la protección. Solo en el caso en que el alejamiento sea una pena ya no pinta nada la voluntad de la víctima;
  3. El hombre ha sido condenado en 4 ocasiones desde 2006 ¿ya ha cumplido esas condenas? ¿las tiene en suspenso? ¿se podría levantar esa suspensión? ¿No ha entrado en prisión por su edad? Un poquito menos de sensacionalismo y más profundidad en el análisis para variar tampoco estaría de más
  4. El Instituto de la Mujer debería rasgarse menos las vestiduras. Como es un servicio que no atienden hombres seguro que no han movido un dedo para buscar una residencia para el maltratador, aunque fuera a beneficio de la mujer-víctima. Se habrán limitado a pensar que una señora de setenta y pico años que ha vivido toda su vida sometida y maltratada va a pensar antes en ella que en el maltratador. Por cierto “ya fue usuaria del Instituto”, es decir, que ahora mismo no lo es ¿porqué?. Y harán un “seguimiento directo y especial” de este caso “porque lo más importante es la mujer y los hijos que tiene a su cargo” ¿hijos a cargo? ¿de 40 años?

Puede que el desenlace sea el mismo, pero este caso no tiene nada que ver con el de Ana Orantes. Ella no quería vivir con su maltratador y sí, eso es también importante.

   Y por supuesto, el “juez” no obliga a la mujer, le permite que no es lo mismo. Quizás no debiera permitírselo. Quizás deberíamos asumir la tutela de las mujeres maltratadas ya que han demostrado que no son capaces de tomar decisiones inteligentes

«laissez faire, laissez dénoncer, le monde va de lui mé-me»

   Está claro que voy a tener que seguir practicando mi tono irónico porque aún no me sale muy bien. No consigo que nunca nadie lo pille.

   Lo que intentaba decir es que las mujeres maltratadas no perdonan y se reconcilian con los maltratadores por puro capricho e inconsciencia. Hay muchos factores que inciden en esa decisión (La Junta de Andalucía tiene publicado un estudio muy reciente, os lo enlazo en otro comentario). Dejando a un lado la cuestión emocional o psico-afectiva, los motivos son de tipo socioeconómico.

   Lo que cuestiono es NO ofrecerle a la maltratada alternativas concretas y reales y pretender que eso sea suficiente, para luego cuestionarla o criticarla cuando toma una decisión que nosotros, desde fuera y sin vivir el problema realmente, consideramos que es errónea. Me refería en definitiva a que el problema del “perdón” de las maltratadas no está en la Justicia penal, si no en otro tipo de justicia, la social. ¿Alguien llamó a esta señora alguna vez para preguntarle cómo estaba o porqué había dejado de ir al IAM? ¿Alguien se preocupó en hacer gestiones para solucionar el foco de su culpa: el alojamiento del marido? ¿Alguien la ayudó realmente a gestionar esa culpa? Pues entonces menos rasgarse las vestiduras y menos titular culpabilizando a los jueces (realmente magistrados en este caso). La decisión de las maltratadas podrá parecernos poco inteligente, pero muchas veces es la única que pueden tomar.

El Estudio del que hablaba: La renuncia a continuar en el procedimiento judicial en mujeres víctimas de violencia de género: un estudio en la Comunidad Autónoma Andaluza. María Jesús Cala Carrillo, dir.; María Jesús Godoy Hurtado… [et al.]. 2012. 239 p.

Mi opinión sobre suplantar la voluntad de la víctima de violencia de género:https://bonorum.wordpress.com/2014/03/13/shibboleth-416/

Shibboleth 416

  Algo que me obsesionó durante mucho tiempo es a qué dedicar este blog, hasta el punto de no escribir nada en él durante un par de años. Al final me decidí por el uso ocasional y reivindicativo y ahora me gustaría cogerle el ritmo.

   En realidad yo vine a internet a aprender, así que supongo que lo mejor que puedo hacer es intentar aprender en o con el blog también.

   Por eso mismo uso Twitter y hoy, gracias a @LaGuiri he aprendido una nueva palabra: Shibboleth. Ella afirmaba que existía uno nuevo, una vez superado el de la prostitución. Supongo que sí, que la ilegalización de la prostitución o la legalización del comercio de drogas estupefacientes son dos shibboleth clásicos.

   Poco después me llegó un correo de una amiga para comentar unas afirmaciones de una catedrática de penal en una asignatura sobre violencia de género en un master de eso mismo, a saber, entre otras distorsiones imputadas a la regulación legal española, que la misma establece un “bien jurídico colectivo que olvida a la singular víctima que no puede disponer de él (imposición del alejamiento sin su consentimiento)” ¡Cómo si las víctimas pintaran algo en la administración de justicia española! el olvido de la víctima ni mencionarlo que nos conocemos Fernandito

   Por una sinapsis de esas raras que se producen de en vez en cuando me acordé automáticamente del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la dispensa de declarar entre determinados parientes y la polémica actual sobre la conveniencia de derogarla para las víctimas de violencia de género y así evitar que las mujeres se nieguen a declarar en contra de sus maltratadores.

   Es decir, por una parte tenemos que la regulación penal actual de la violencia de género no permite a las víctimas decidir si quieren alejamiento o no, ya que el mismo debe imponerse sí o sí en caso de apreciarse la culpabilidad. Y por otra tenemos que la legislación procesal actual permite a la víctima de violencia de género decidir si le interesa, quiere o le conviene participar como testigo de cargo en la acusación de su maltratador y si no es el caso le dispensa de la obligación de declarar. Y se critican ambas situaciones.

   A este respecto comparto las palabras de Patricia Laurenzo (2007): “Una vez más, quienes se autoproclaman defensores de las víctimas no dudan en ignorar su voluntad y se empeñan en tratarlas como personas privadas de capacidad de raciocinio. Una actitud rígida y paternalista muy poco coherente con el discurso feminista que desde hace años viene luchando por transmitir a la sociedad una imagen de fortaleza y autosuficiencia de las mujeres, todo lo contrario del victimismo a ultranza que proclama el feminismo oficial, rendido a las falsas bondades del sistema penal.”

   Es cierto que puede haber casos en los que el maltratador puede usar su posición de poder para intimidar a la víctima y que así no declare en su contra. No lo niego. Pero ¿estamos seguros de que en todos los casos es esto lo que ocurre? En 2012, el Instituto Andaluz de la Mujer publicó un interesante estudio sobre “La renuncia a continuar en el procedimiento judicial en mujeres víctimas de violencia de género“, del que entresaco esta línea “las mujeres que inician el procedimiento judicial no siempre se sienten más protegidas en el curso de éste”.

  Y yo me pregunto ¿qué ventajas consigue una víctima que no quiere declarar contra su agresor si la obligamos a ello? ¿en qué mejoramos su situación? Algún día escribiré un artículo sobre para qué le sirve el sistema de justicia retributiva a una víctima y para qué no le sirve.

   En fin, que no sé si soy efraimita o galaadita.